•Exhiben a Margarita 

•A Revisar Alcances 

La Fiscalía General del Estado logró la recuperación de nueve niños y adolescentes originarios de Chiapas, quienes eran obligados a trabajar y vivían en condiciones insalubres y de hacinamiento en la capital oaxaqueña. El ejercicio de los derechos ciudadanos no puede estar por encima del derecho de las niñas y los niños a la vida, al desarrollo, y desde luego a recibir una educación que les permita alcanzar sus sueños y aspiraciones de progreso.

En México, 45 de cada 100 menores víctimas de trata pertenecen a comunidades indígenas y el 85% del total de las víctimas son mujeres o niñas, de acuerdo con cifras del Diagnóstico Nacional de la Situación de la Trata de Personas en México, un informe elaborado por la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos). Estas cifras nos dan pistas claras: la trata no es un hecho aislado y no puede analizarse sin interseccionalidad.

La situación se complica sensiblemente cuando bajo la leyenda de “usos y costumbres” es todavía común escuchar que en comunidades indígenas los padres o tutores ofrecen llevar a una o todas sus hijas a cambio de una suma acordada de dinero. A veces para que contraigan matrimonio, a veces para convertirlas en las nuevas empleadas del hogar, a veces para llevarlas a trabajar de manera precarizada en una maquila, en otras ocasiones para obligarlas a prostituirse e incluso para usarlas como vientres de alquiler.

Cada vez más niñas y adolescentes cuentan con celulares y acceso a internet, esta ha sido una forma en que se engancha a las víctimas. Esto, sí, bajo una lógica del enamoramiento, pero también bajo una lógica de las condiciones sociales en las que se enfrentan. En cualquier caso, la violencia es extrema y profundamente clara: las niñas, niños, adolescentes y mujeres son tratadas como mercancías y privadas de la libertad y otros derechos humanos fundamentales.

… A VUELO DE PÁJARO

En aras de dirimir conflictos entre comunidades la Junta de Conciliación Agraria logró ejecutar una sentencia entre el municipio de Santo Domingo Tepuxtepec, la agencia Río Ramal y Eulalia Pérez Aguilar. El conflicto es por una superficie de 21-58-21.53 hectáreas, en dos polígonos que por sentencia del 28 de noviembre del 2013, pertenecían a Pérez Aguilar, sin embargo las tierras estaban en posesión de campesinos caracterizados de la comunidad, por lo que no se había podido ejecutar este dictamen. Tras alcanzar acuerdos entre las partes, se pactó firmar el convenio definitivo el pasado 26 de julio que benefician a 651 campesinos.

  Espaldarazo 

Ante las expresiones de la legisladora federal Margarita García que planteó un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados para demandar la destitución de Saymi Pineda Velasco como secretaria de Turismo por presunto desvío de recursos y justificaciones excesivas en el gasto del erario, el gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que ”está fuera del ring la postura de la diputada Margarita quien no dijo nada antes, cuando sé que ha sido diputada varios años”, y que los anteriores  secretarios solo estaban “enconchados”, y en ese momento no dijo nada.

Revisión 

Terminan las fiestas de Julio, mes de la Guelaguetza y es obligada una reflexión para corregir y enmendar errores y deficiencias, pero también para consolidar aciertos. A no dudar, son fiestas que con publicidad o sin ella siempre serán un éxito porque son la máxima fiesta racial de los oaxaqueños. Y ahora que se plantea la posibilidad de una tercera edición, se deben de atender diversas expresiones y visiones, revisar para el próximo año que el desfile de delegaciones también se pueda apreciar en la zona sur de la ciudad, para que realmente se integre a todos los barrios de la Verde Antequera.

Oposición 

Abogados y académicos hicieron notar que el Órgano Administrativo Judicial que según la reforma impulsada por la 4T, sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal impediría que los jueces dicten sus sentencias con autonomía e independencia. Especialistas de la UNAM aseguran que se manejaría a discreción el dinero y en consecuencia sometería a los jueces, además de que vulneraría el principio de la separación de Poderes. La entidad propuesta sería la responsable de la administración, vigilancia, carrera judicial, control interno, ingreso, permanencia y separación del personal judicial, de la fiscalización permanente de los recursos humanos y financieros y de la elaboración del presupuesto.

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Volveremos 

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