•Indignación 

•Impunidad 

Los dramáticos sucesos ocurridos en un operativo de alcoholímetro en Santa Lucía del Camino, que terminó con el asesinato de un estudiante universitario y un policía  lesionado, vuelve a poner en la palestra la falta de capacitación de los responsables para operar estas acciones y de la urgente necesidad de atender los protocolos establecidos para obtener los resultados esperados.

Los siniestros viales relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas constituyen un problema de salud de gran relevancia en nuestro estado y está asociado a otros comportamientos de alto riesgo, como el exceso de velocidad, el uso de distractores durante la conducción o el no uso del cinturón de seguridad, incrementando notablemente el riesgo de sufrir lesiones graves, discapacidad o la muerte.

Sin embargo, desde hace mucho este tipo de operativos ha sido seriamente cuestionado en municipios como el de Santa Lucía del Camino, la propia Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una recomendación general 01/2023, dirigida a servidores públicos de ese ayuntamiento debido al abuso de autoridad en los diversos operativos que ha implementado, entre ellos el de alcoholemia.

La DDHPO determinó que la autoridad ofrezca disculpas en los casos que ha cometido arbitrariedades, amen de que existen múltiples expedientes de quejas de la ciudadanía, en donde se atribuye abuso de autoridad por la violación a los derechos a la libertad, la seguridad y la legalidad.

Este organismo ha documentado al menos 25 expedientes en donde se reclaman diversos actos y por lo cuales estableció que “permite ver una constante en el actuar de los servidores públicos del multicitado ayuntamiento que a su vez, permite deducir la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

… A VUELO DE PÁJARO

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) a cargo de Bernardo Rodríguez Alamilla, ya investiga este suceso. Según el reporte policial dos personas viajaban a bordo de un automóvil y al evadir el alcoholímetro atropellaron a un elemento de la Policía Vial Municipal quien resultó lesionado. Abandonaron el automóvil en que viajaban y fueron perseguidos por la policía de Santa Lucía que los detuvo, uno de ellos, herido de bala y que falleció cuando recibía atención hospitalaria. La comunidad estudiantil de la Universidad Anáhuac se solidarizó con la familia de su estudiante Diego Ignacio Paz, rechazó toda forma de violencia yexigió esclarecer los hechos.

Indignación 

Tras lamentar los hechos la DDHPO se solidarizó con la indignación de la ciudadanía derivado de los hechos ocurridos durante un operativo alcoholímetro realizado en Santa Lucía del Camino e inició el expediente DDHPO/1273/(01)/OAX/2024. Expresó su preocupación e indignación por lo sucedido, pues al tratarse de un presunto caso de abuso policial, las malas prácticas en el ejercicio de su labor representan un riesgo para las y los oaxaqueños, toda vez que en este municipio se cuenta con un alto índice de abusos de este tipo. Privar del derecho a la vida corresponde a una violación grave de los derechos humanos, sentenció.

Condena 

Molesto e indignado por estos sucesos, el gobernador Salomón Jara Cruz condenó enérgicamente el asesinato del joven y exigió la detención de los elementos de la policía que actuaron irresponsablemente. Solicitó a la FGEO

detener a los responsables e iniciar una investigación urgente, profunda y objetiva. El presidente municipal Juan Carlos García Márquez debe actuar en consecuencia para esclarecer este aberrante hecho. Nada y nadie puede estar por encima de la Ley.

Exigencias 

En el municipio de San Antonio Huitepec suenan los tambores de guerra luego de que las gencias de San Francisco Yucucundo, Infiernillo, San Francisco, San Juan Xochiltepec y Miguel Hidalgo, denunciaron al presidente municipal, Juan Bautista Luis, de negarse a entregar participaciones. Los comuneros acusaron una actitud déspota y discriminatoria por parte de la autoridad municipal que ha impedido aplicarlos en acciones de desarrollo social. Anunciaron que seguirán tocando puertas hasta que alguien los pueda atender.

¿Ahorros?

La reforma que busca integrar cinco órganos autónomos y dos comisiones reguladoras a otras dependencias federales representa un ahorro de apenas 84 millones de pesos al año. Cálculos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), establecen que es muy poco como para argumentar que el objetivo principal es generar un ahorro. Según el Decreto, las economías y ahorros que se generen con la extinción de los siete entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

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