* Indignado, el Gobernador Salomón Jara denunció que la Policía de Santa Lucía “es una de las peor evaluadas en todo el estado, con un sinfín de quejas y denuncias, es de las más corruptas”. Esta mañana universitarios marcharán en demanda de justicia para Diego Paz.

Altamente positivo resulta el manotazo en la mesa del Gobernador Salomón Jara al proponer la suspensión del Operativo Alcoholímetro en seis municipios conurbados de la zona metropolitana.

Muchas víctimas de abusos y exceso de fuerza de la Policía Municipal en Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Ánimas Trujano y la capital.

Urge golpe de timón en seguridad y salud. El saqueo en los SSO nuevamente hace crisis en el Hospital Aurelio Valdivieso al suspender cirugías por falta de autoclave para esterilizar el equipo.

Urge la firme y decidida intervención del Ejecutivo Estatal para evitar licitaciones simuladas en la Secretaría de Administración. Insisten en jugarle las contras y exhibir como frívolo a su Gobierno.

Jara Cruz dijo que no estaba enterado que la Secretaría de Administración licitó la contratación para servir una cena con servicio y vajilla de lujo el 15 de Septiembre en Palacio de Gobierno.

No falta razón a Jara porque, efectivamente, como lo denunció el Secretario de Gobierno, Jesús Romero, el Alcoholímetro se desvirtuó y convirtió en instrumento de recaudación y extorsión.

So pretexto de prevenir accidentes, lesionados, muertos y daños materiales, Policías Municipales cometieron graves delitos como agresiones a golpes y balazos contra personas desarmadas.

El ejemplo concreto es el municipio de Santa Lucía al no ser el asesinato de Diego Paz el único caso de exceso de fuerza policial. Existen 25 denuncias contra elementos de su Policía Municipal.

El Gobernador refirió que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo, a través de la Ombudsperson Elizabeth Lara Rodríguez, ha emitido Recomendaciones al edil Juan Carlos García.   

Indignado, el ingeniero Salomón Jara se le fue a la yugular a la Policía de Santa Lucía “es una de las peor evaluadas en todo el estado, con un sinfín de quejas y denuncias, es de las más corruptas”. 

No basta reprobar el injustificable acto, indispensable es exigir justicia. El alcalde Juan Carlos García debe reparar los daños, ser investigado y aplicar todo el peso de la ley a los responsables.

El nuevo escándalo nacional por el asesinato de Diego Paz, estudiante de la Universidad Anáhuac, por la Policía Municipal de Santa Lucía, es solo la punta del iceberg de los abusos policíacos.

En realidad, es parte del rotundo fracaso de la política en materia de seguridad del Gobierno de México “abrazos, no balazos” en general y, de manera particular, en la Certificación Policíaca.

En su “semanera” el propio Gobernador Salomón Jara señaló que el policía probable responsable del asesinato no está certificado, al igual que seguramente otros elementos de ese municipio.

El señalamiento del que manda en Oaxaca pone de manifiesto el rotundo fracaso del Programa de Certificación Policíaca del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).

Desafortunadamente, hay simulación en perfiles y exámenes de Control de Confianza de la Certificación Policíaca, pues varios mandos estatales y municipales estarían cesados o en la cárcel.

Es el caso del Director de Seguridad Pública y Vialidad de Santa Lucía, Marcos Fredy Hernández López, involucrado en la masacre de Asunción Nochixtlán. Flavio Sosa exige que no quede impune.

Tiene razón el Gobernador, no basta con la destitución de los mandos y elementos vinculados con el asesinato de Diego Paz, sobre todo, cuando el sucesor de Marcos Fredy es su cuñado.

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