AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
X: @Rj_EspejodPoder
* AZCÁRRAGA, IMPUNE EN
MÉXICO El caso del magnate
Emilio Azcárraga Jean, quien la semana pasada decidió separarse de la
presidencia del Consejo de Administración de Grupo Televisa ante la
investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició en su
contra por supuestos sobornos a funcionarios de la Federación Internacional de
Fútbol Asociación (FIFA) para obtener los derechos de transmisión de los
partidos de las Copas Mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030, es el mejor ejemplo
de que la impunidad en México no sólo es atribuible a los jueces, magistrados y
ministros “corruptos” del Poder Judicial de la Federación (PJF) –principal
argumento de la polémica reforma de la 4T que propone sustituirlos por otros
que sean electos mediante el voto popular, proceso electoral que según un
proyecto presupuestal del INE costaría más de 13 mil millones de pesos–, sino que
también ha exhibido la inoperancia de la Fiscalía General de la República (FGR),
un órgano supuestamente autónomo, y de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), la unidad administrativa dependiente de la Secretaría de Hacienda, encargada
de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención,
detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia
ilícita o “lavado de dinero”. Y es que años antes de
esta investigación, Eduardo Fernández García, expresidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), había presentado también una denuncia
ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en
inglés) en la que afirma que Azcárraga Jean y Bernardo Gómez y Alfonso de
Angoitia, otros ejecutivos de primer nivel de Televisa, presuntamente
recibieron sobornos en efectivo provenientes de “funcionarios mexicanos
corruptos, gobiernos y partidos políticos”. En el documento
presentado ante la SEC el 6 de octubre de 2022, Fernández García señaló que los
recursos en efectivo fueron gastados a través de una empresa financiera de su
propiedad –mediante engaños– en la compra de bienes de lujo, como un avión
Gulfstream y un yate, así como para el pago de diferentes servicios en Estados
Unidos. Los hechos ocurrieron
entre 2008 y 2011 con diferentes intermediarios. Para lograr su
objetivo, los ejecutivos de Televisa abrieron cuentas corporativas en su
compañía denominada Diversity Investment Corp, a través de las cuales se
habrían realizado 29 “transacciones ilegales y una serie de maniobras furtivas”
para presuntamente lavar 40 millones de dólares que Fernández presume como
“sobornos procedentes de las arcas públicas de México o de otras actividades
ilegales y delictivas”. Por lo anterior, el
denunciante imputó a Azcárraga Jean, Gómez y Angoitia conductas que describe
como “fraude financiero, lavado de dinero y perjurio”, las cuales representan
violaciones “flagrantes” y “continuadas” a diversas leyes estadounidense en
materia de valores bursátiles, contra la corrupción, el secreto bancario y
antilavado de dinero. En el texto de su
denuncia presentada vía electrónica, Fernández García señaló que “cuenta con
información original, material y no pública, que demuestra que Televisa” y sus
ejecutivos “han perpetrado, durante más de una década, un esquema masivo de
lavado de dinero a través de Televisa para limpiar pagos ilegales” La denuncia del extitular
de la CNBV implica a las administraciones de los ex presidentes Felipe Calderón
(2006-2012), del PAN; Enrique Peña Nieto (2012-2018), del PRI, y Andrés Manuel
López Obrador (2018-2024), de Morena, cuya actitud omisa se contrapuso a su
discurso anticorrupción. CANDIDATOS INDÍGENAS:
NO ES OBLIGATORIO HABLAR DIALECTOS Ayer comentábamos aquí
que además de cumplir con la obligatoria paridad de género, los partidos
políticos deberán acatar también los lineamientos para la implementación de
acciones afirmativas en cargos de elección popular en favor de personas
indígenas, aplicables para el proceso electoral local ordinario 2024-2025 y los
extraordinarios que en su caso se deriven de los mismos en el estado de
Veracruz, ya que el Órgano Público Local Electoral (OPLE) marcó requisitos para
que personajes de los municipios encuadrados en esta lista puedan ser
candidatos a presidentes municipales, síndicos o regidores de sus respectivos
ayuntamientos. Lo que nos faltó
puntualizar, es que de acuerdo con el artículo 13 de los Lineamientos para la
Implementación de Acciones Afirmativas en Cargos de Elección Popular en Favor
de Personas Indígenas (…), correspondiente a la Autoadscripción Calificada, se
establece en el punto número 1 que “para acreditar el vínculo efectivo de la
persona que se pretende postular con un pueblo o comunidad indígena, de manera
enunciativa, más no limitativa, se podrán considerar los siguientes elementos:
a) Pertenecer a la comunidad indígena; b) Haber nacido en la comunidad
indígena; c) Hablar la lengua indígena; d) Ser descendiente de personas
indígenas; e) Haber desempeñado algún cargo tradicional en la comunidad; f)
Haberse desempeñado como representante de la comunidad; g) Haber participado
activamente en beneficio de la comunidad; h) Haber demostrado su compromiso con
la comunidad; i) Haber prestado servicio comunitario; j) Haber participado en
reuniones de trabajo tendentes a mejorar las instituciones o resolver conflictos
en la comunidad; k) Haber formado parte de alguna asociación indígena para
mejorar o conservar sus instituciones.” Ayer detallamos que de
los 212 municipios de Veracruz, en 32 más del 90 por ciento de su población es
indígena; en siete –Ixhuatlán de Madero, Uxpanapa, Coetzala, Espinal, Tlilapan,
Zaragoza y Citlaltépetl, entre el 80.2 y 85.8% de sus habitantes hablan todavía
su dialecto original, y en otros 11 –Papantla, Oteapan, Tantoyuca, Chalma,
Chontal, Rafael Delgado, Naranjal, Tepetzintla, Playa Vicente, Cazones de
Herrera y Tlachichilco–, sus pobladores se comunican con la lengua de su etnia
originaria. Consideramos pertinente
hacer esta precisión para evitar malos entendidos que pudieran excluir a los
aspirantes que cumplen con otros de estos requisitos aunque no hablen la lengua
indígena. PERFILAN A TANIA CAROLA
PARA PRESIDIR CONGRESO LOCAL En el Palacio
Legislativo de la avenida Encanto, de Xalapa, corre fuerte la versión de que la
diputada local por el distrito de Emiliano Zapata, Tanya Carola Viveros
Cházaro, de Morena, podría presidir la mesa directiva de la nueva Legislatura
estatal que entrará en funciones el 5 de noviembre próximo. Tanya Carola es una de
las morenistas que fueron ganando cercanía con la gobernadora electa Rocío
Nahle, a pesar de haber sido la suplente de la ex senadora Claudia Balderas
Espinoza, una ex militante del partido guinda de Minatitlán que terminó muy mal
con la también ex senadora y ex secretaria de Energía, Nahle García, quien en
2018 la apoyó para que llegara al Senado de la República por la vía
plurinominal. Viveros Cházaro, por
cierto, es muy allegada también a la actual secretaria de Protección Civil del
gobierno del estado, Guadalupe Osorno, una discreta funcionaria nativa del
estado de Tlaxcala que acaba de ser ratificada en el cargo por la virtual
gobernadora de Veracruz. Tanya Carola, quien por
segunda ocasión ocupará una curul en el Congreso veracruzano, fue secretaria
particular de Osorno Martínez de 2018 a 2022, pues en agosto de ese año se
integró al Comité Ejecutivo Estatal de Morena, en la cartera de Formación Política.
La representante
popular del distrito electoral de Emiliano Zapata es una chef egresada del
Instituto Culinario de Xalapa (ICUXA). Como diputada a la 64
Legislatura loca, presentó varias iniciativas a favor de los derechos de las
mujeres, como fue la de ampliar a 12 semanas el periodo para abortar y ampliar
las causales para interrumpir el embarazo. Pero no se validó. A finales de esa Legislatura,
el 31 de octubre del 2018, junto con el entonces coordinador de la bancada de
Morena, Zenyazen Escobar García, tomaron las instalaciones del Congreso del
Estado para evitar la última sesión del periodo ordinario y así impedir
que los panistas, que tenían mayoría, votaran dictámenes de último momento. BIOFERTILIZANTE CERTIFICADO,
AUDAZ APORTACIÓN DE GRANJAS CARROLL Y, pasando a otro tema,
nos comentan que en un momento en el que la sostenibilidad es clave para el
futuro de la agricultura, Granjas Carroll de México (GCM) ha dado un paso audaz
hacia la innovación responsable. El desarrollo de un biofertilizante elaborado
a partir de residuos orgánicos digeridos marca un avance significativo en el
manejo sostenible de residuos y en la regeneración de suelos agrícolas. Granjas Carroll ha
demostrado su compromiso con el medio ambiente al utilizar tecnologías
avanzadas para el aprovechamiento de residuos orgánicos, que de otro modo
podrían convertirse en un problema de contaminación. Este enfoque proactivo
permite a la empresa cerrar el ciclo de producción de manera responsable,
mitigando su huella ambiental mientras contribuye a la regeneración de suelos y
a la reducción del uso de fertilizantes químicos tradicionales. El biofertilizante no
solo beneficia al medio ambiente, sino que también ofrece una herramienta
eficaz para mejorar la productividad agrícola en la región. Al reponer los
nutrientes esenciales que los suelos pierden con el tiempo, este producto
impulsa una agricultura más sostenible, promoviendo la salud del suelo a largo
plazo y reduciendo la dependencia de productos químicos nocivos. Con esta iniciativa,
Granjas Carroll reafirma su liderazgo en la agroindustria, demostrando que la
eficiencia productiva y el cuidado del medio ambiente no son mutuamente
excluyentes.
Este biofertilizante, que cuenta con la certificación de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), se distingue por su composición rica en
nutrientes esenciales como fósforo, potasio y nitrógeno. Estos elementos son
fundamentales para mantener la salud de los suelos y optimizar el crecimiento
de los cultivos. La certificación de la SADER no solo valida la calidad del
producto, sino que lo posiciona como una opción confiable y segura para los
agricultores interesados en transitar hacia prácticas más ecológicas.