Denuncian falta de justicia en casos de desaparición y tortura en México
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CIUDAD DE MÉXICO.- México carece de una "política de
Estado" para hacer justicia en dos casos de tortura y desaparición forzada
de 2006 y 2009 a pesar de la existencia de dos sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), denunció este martes el Centro
de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). "Al cumplirse tres años de la emisión de dos
sentencias de Corte IDH en los casos 'Alvarado Espinoza y Otros' y 'Mujeres
víctimas de tortura sexual en Atenco', ambos contra México, los obstáculos que
siguen enfrentando las víctimas para acceder a verdad y justicia revelan la
ausencia de un compromiso de Estado para cumplir con sus obligaciones
internacionales", expresó la organización en un comunicado. Las dos sentencias fueron notificadas en los primeros días
de la actual administración liderada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, quien tomó posesión el 1 de diciembre de 2018. El caso Alvarado se remonta al 29 de diciembre de 2009,
cuando en el estado de Chihuahua tres víctimas fueron privadas de libertad por
un grupo de entre ocho y diez personas que portaban armas largas y vestían
uniformes, a quienes testigos identificaron como militares. Las desapariciones tuvieron lugar en el marco de la
implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual el Ejército, además
de realizar labores de seguridad, desempeñaba tareas de investigación criminal. El caso Atenco se considera uno de los más emblemáticos en
la lucha por los derechos humanos en México. Organismos internacionales
documentaron la detención ilegal, abusos sexuales, tortura y otras violaciones
graves a los derechos humanos a 11 mujeres el 3 y 4 de mayo de 2006 en San
Salvador Atenco y en Texcoco, ambos en el central Estado de México, en medio de
manifestaciones. El Centro Prodh dijo que, aunque los procesos de
cumplimiento de ambos fallos son independientes, en ambos procesos se da
ausencia de "compromiso estatal" ya que las instancias involucradas
no están actuando de manera "diligente y sostenida", lo que genera
que la mayor parte de las medidas ordenadas no se hayan cumplido, mantuvo la
organización. "El incumplimiento de estas obligaciones ha impedido
que las víctimas puedan acceder a la justicia y a la verdad aun contando con un
fallo internacional", concretaron. En el caso de la familia Alvarado, a 12 años de los hechos,
el paradero de las víctimas sigue sin ser esclarecido y las autoridades
continúan sin investigar las responsabilidades de los agentes implicados. En el caso Atenco, no se han dado "pasos
significativos" para investigar todos los niveles de responsabilidad
incluyendo la cadena de mando de las tres corporaciones involucradas,
"mientras que la Fiscalía del Estado de México continúa obstaculizando la
investigación", detallaron. Así, "un camino que debió ser de justicia y reparación
vuelve a victimizar a las personas denunciantes a pesar de que, en el discurso,
el Estado se ha comprometido a cumplir con las resoluciones" de
tribunales, terminó el Centro Prodh. Con información de agencias