Destacaron que, las autoridades sanitarias mexicanas no siguieron puntualmente las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales. Por ejemplo, ciertos gremios fueron favorecidos y otros fueron excluidos (médicos del sector privado).

“La distribución de vacunas estuvo altamente militarizada y politizada, al usar siervos de la nación, como agentes comunitarios, la estrategia nacional de vacunación se definió por un modelo centralizado de toma de decisiones y tácticas políticas que favorecieron al partido en el poder. El almacenaje, la distribución y aplicación de vacunas tuvieron, como otras decisiones durante la gestión de la pandemia en México, lógicas más políticas que técnicas”, reiteraron.

Además, para que el flujo de vacunas quedara libre de impuestos, el gobierno mexicano modificó la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, a pesar de que consiguieron las vacunas a tiempo hubo opacidad respecto a los contratos establecidos entre el gobierno mexicano y las farmacéuticas, aún no se han hecho del todo públicos.

“El presidente López Obrador aseguró en enero de 2021 que se transparentarían, pero el canciller Ebrard lo corrigió: como en otros países, se clasificaron los convenios firmados por imposición de las farmacéuticas, las empresas evitaron revelar detalles sobre sus contratos para no perjudicar sus negociaciones con otros países”.

Ante este tipo de restricciones, se desconocen datos como documentos de ensayos clínicos, el precio unitario de las dosis y condiciones que los gobiernos pudieron ofrecer a las farmacéuticas para acceder a los biológicos.

Asimismo, la cancillería mexicana dejó claro que la “omisión de cumplimiento por parte del Gobierno Mexicano a un convenio de confidencialidad podrá causar daño en la obtención de la vacuna para atender a la población de la República Mexicana”.

Un estudio de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señaló que el gobierno ordenó ocultar el contenido de contratos entre dos y cinco años por las cláusulas de confidencialidad impuestas para proteger secretos industriales y comerciales de las farmacéuticas. Las farmacéuticas incluso previeron en sus cláusulas que, en caso de que la Secretaría de Salud reciba una orden judicial para hacer pública esta información, debe avisar a las empresas para que puedan ampararse.