Entrevistada en la fortaleza de San Juan de Ulúa, reconoció que no tienen previsto que vayan a modificar mucho el presupuesto con relación al de este año.

"Estamos trabajando para que todas las actividades que deban realizarse de cara al proceso, tengan la cobertura.

Nosotros presentamos al Ejecutivo en primer lugar y de ahí se remite al Congreso y ahí se determinará", manifestó.

En este momento el OPLE está mapeando todas sus actividades, ya que para el proceso electoral del 2025 implica la instalación de 212 Consejos Municipales.

Además, tendrán que contratar más personal para cada uno de esos consejos, de manera que todavía no puede dar una cifra del presupuesto que requerirá el ente electoral.

Definió que en el mes de agosto podrían tener un primer borrador de cómo van a trabajar y el monto que solicitarán para la realización de la jornada electoral del próximo año.

Delgadillo Morales apostó a que haya apertura del Ejecutivo y de la Legislatura del Estado para contar con más recursos para la organización del próximo proceso electoral.

La presidenta del OPLE recordó que la revisión del próximo presupuesto corresponderá a los nuevos diputados.

Entrevistada en la Fortaleza de San Carlos, reconoció que el finado diputado Fernando Arteaga Aponte, pero esto no se ha concretado.

Recordó que en 2021 se hizo una auditoría y se entregó al Congreso local.

"Advertimos que había un incumplimiento por ahí del contrato, de lo establecido en la concesión y así lo dimos a conocer al Congreso", comentó.

La auditora superior resaltó que el Grupo Mas está obligado a invertir en infraestructura que utiliza para prestar el servicio.

Expuso que Grupo Mas es un ente fiscalizable en la medida en que así lo establece la Ley de Fiscalización, en su artículo 12.

"Claro, es una empresa privada que recibe recurso público de los contribuyentes, de quienes pagan el servicio, administra bienes públicos, por esa razón el amparo que promovieron no prosperó", sostuvo.