AL PIE DE LA LETRA
RAYMUNDO JIMÉNEZ
X: @Rj_EspejodPoder
* DESTAPA EU CLOACA EN
VERACRUZ El lunes 29 de julio
pasado –casi mes y medio antes de que los operadores políticos y legislativos
de la 4T lo doblaran a él y al senador propietario Miguel Ángel Yunes Márquez,
para que les aseguraran el voto 86 a favor que se requería para la mayoría
calificada que validara la polémica reforma judicial impulsada por el
presidente Andrés Manuel López Obrador–, el ex gobernador panista Miguel Ángel
Yunes Linares salió a denunciar que la Fiscalía General del Estado (FGE), por
presuntas presiones del gobernador Cuitláhuac García y de la gobernadora electa
Rocío Nahle, había solicitado y obtenido de un juez del Tribunal Superior de
Justicia del Estado –a través de David Cardeña Orta, a quien señaló de someter
a los jueces– órdenes de aprehensión por diversos supuestos delitos en contra
de sus hijos Miguel Ángel y Fernando, éste último ex alcalde porteño que está
por rendir protesta como diputado local plurinominal a principios de noviembre
próximo. “Esta es claramente una
agresión personal, no un acto de justicia, por eso en su momento pasaré las
facturas; lo haré yo, nadie más”, declaró Yunes Linares, quien afirmó que “nunca
me he metido con los hijos de un adversario”, lo que consideró como “una bajeza”. “Se metieron con los
míos. Aunque sea lo último que haga en la vida se los cobraré a todas y a todos
los agresores, no tengan duda. Nada es para siempre, tampoco el poder”, les
recordó el ex mandatario panista al gobernador de Morena en funciones y a su
virtual sucesora. “Hoy la Fiscalía y el
Poder Judicial local están dedicados a perseguir opositores, no a perseguir
delincuentes”, recriminó el papá Yunes, señalando que “esta fue la instrucción
que les dio públicamente Rocío Nahle el pasado 17 de junio y la cumplen sin
rubor, sin vergüenza alguna”. Y detalló que “a partir
de las órdenes recibidas se integró un equipo de persecución política integrado
por un representante de Rocío Nahle, por el propio Cuitláhuac García, la
Fiscal, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscal de
Investigaciones Ministeriales, 5 fiscales más, 6 jueces, secretarios,
actuarios, y 10 elementos de la Policía Ministerial”. Pero, entre los
señalamientos que hizo, llamó la atención su referencia directa a Marcela
Aguilera Landeta, titular de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales
(FIM), de la que dijo “fue responsabilizada” por la Fiscal General Verónica
Hernández Giadáns “para darle seguimiento a cada tema y lo viene haciendo
violando todas las normas legales pero cumpliendo todas las normas de la
abyección y la desvergüenza”. “Aguilera encabeza al
grupo de ‘queda bien’ que quieren ser ratificados y promovidos a partir de que
les pongan estrellitas por la persecución política en contra nuestra”, acusó. Sin embargo, lo grave
es que Yunes Linares afirmó que a Aguilera Landeta “le asesora un individuo con
apodo de pez, vinculado a la delincuencia organizada. Sé su nombre, pero no
merece siquiera que lo mencione”. El ex gobernador se refería a Manuel
Fernández Olivares, alias “El Pámpano”, secretario técnico de la FGE, quien en
la administración yunista (2016-2018) fue muy cercano al magistrado Edel
Álvarez Peña, al que sin contar con carrera judicial fue impuesto por el
panista, al inicio de su bienio, como presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado. Por circunstancial coincidencia,
anteayer, martes 10 de septiembre, a través de un comunicado difundido por la
Embajada de Estados Unidos en México, la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó como amenaza a la
seguridad del país norteamericano a nueve ciudadanos mexicanos y 26
empresas con sede en las entidades de Jalisco y Veracruz vinculadas a una red
de robo de combustible que genera decenas de millones de dólares en beneficio
del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En dicho informe se
consigna también que, en menos de un año, autoridades de Veracruz determinaron retirar
el contrato a una de estas empresas de combustible ilegal que está relacionada
con la organización criminal que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, alias El
Mencho. El Departamento del
Tesoro de EU identificó como líder de esta red a Iván Cazarín Molina, alias El
Tanque, señalado por ser un miembro de alto rango del CJNG que reporta
directamente al Mencho y que forma parte de su círculo íntimo de colaboradores
de confianza, al tiempo de estar involucrado en el ascenso y la consolidación
del poderoso cártel del crimen organizado. Además de dedicarse al
huachicol, El Tanque se ha involucrado en el tráfico de drogas, extorsión
y homicidio, al tiempo que opera en los estados de Jalisco y Veracruz. Entre las personas
sancionados para la OFAC también figura José Saúl Rodríguez Hernández, a quien
se le señala como “un importante testaferro de El Tanque, ocupando diversos
cargos y actuando como la cara pública de varias empresas relacionadas con el
combustible en la red de El Tanque”. Pero el informe de la
OFAC refiere que dicha persona también aparece en los registros de la LXIV Legislatura
del Congreso de Veracruz, con fecha 2 de febrero de 2016, cuando en dicha
ocasión se preveía la creación de empleos a raíz de la construcción y “la
instalación de una planta etanolera en Tierra Blanca” que preveía generar “durante
su edificación y operación más de mil empleos”. “Es una importante
acción que impulsará la economía de la zona”, señaló en su momento la entonces
diputada local del PRI, Marcela Aguilera Landeta, quien, según cita el informe
del Departamento del Tesoro de EU, “habló sobre la donación de un terreno de 47
hectáreas del Predio San Blas a favor de Etanoplus, S.A. de C.V., hechos que
fueron autorizados por la Legislatura”. En los registros además
fueron identificados los dirigentes de la empresa José Saúl Rodríguez Hernández
e Higia Cuevas Mora. Etanoplus es una de las empresas señaladas en el
reporte del Departamento del Tesoro junto con varias más. Ya desde inicios del
2016 –hace más de ocho años– se había advertido que la Comisión Permanente de
Procuración de Justicia, presidida por la entonces diputada Aguilar Landeta, y
la Comisión Permanente de Hacienda Municipal eran las instancias
legislativas encargadas de supervisar que las instalaciones fueran usadas con
el fin adecuado y que las acciones podrían revertirse. En caso de que fuera
determinado que la empresa no cumplía las obligaciones, “la autorización del
Congreso local se dará por revocada sin necesidad de declaración judicial y la
propiedad se revertirá al patrimonio de Tierra Blanca”, según constató la OFAC. Mientras que en un
documento con fecha de noviembre de 2016 y revisado por el medio digital
Infobae México, se puede leer que a la empresa mencionada le fue revocada
la donación del terreno, lo anterior debido al incumplimiento de sus deberes, por
lo que el suelo volvía a ser parte del patrimonio municipal. Aunado a ello, la
empresa vinculada al CJNG fue demandada por una cifra millonaria “Demandar a la empresa
Etanoplus S.A. de C.V. el pago de la suma de $10,000,000.00 (Diez millones de
pesos 00/100 M.N.), suma de dinero que quedó establecido como garantía para el
cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato de donación por
parte de la empresa antes mencionada”, cita el medio digital Y es que cuando el
notario público acudió al terreno donado se percató de que no había señales de
que hubiera iniciado la obra referida además de que la empresa fachada no
había iniciado algún trámite ante las instituciones municipales respecto a
los permisos de construcción. De igual manera, la
empresa huachicolera ligada al CJNG tampoco notificó las condiciones que la
habrían llevado a no iniciar las actividades de construcción, según aparece en
el archivo de siete páginas consultado por Infobae México. ¿Acaso la ahora fiscal
de Investigaciones Ministeriales de la FGE, oriunda de la región cuenqueña de
Tierra Blanca, no sabía en su calidad de diputada local de los vínculos de esta
empresa con el crimen organizado?