* Esperemos que el gobierno de Salomón Jara haya condicionado el alza a la tarifa del transporte urbano a la mejora sustancial del servicio y del estado físico y mecánico de los autobuses. 

La relación de los concesionarios del transporte con el Gobierno del Estado de Oaxaca siempre ha sido compleja y complicada, especialmente, con los del servicio urbano y los sitios de taxis locales.

Y lo ha sido generalmente por las amplias redes de complicidad tejidas a lo largo de los años, a través de la corrupción de gobernantes, funcionarios del transporte y los concesionarios del transporte.

Unos y otros, han violado la Ley y el Reglamento de Tránsito impunemente para ganar dinero al margen de la ley, convirtiendo la venta de permisos y concesiones en fuente de riqueza mal habida.

Hubo gobernadores del PRI y de la primera coalición opositora que arribara a la gobernación del Estado, que llegaron al extremo de realizar “ventas nocturnas” de concesiones al final de su sexenio.

La singular relación patológica entre los concesionarios del servicio de transporte urbano y el Gobierno del Estado alcanza su máxima expresión tóxica en la demanda de aumento a las tarifas.

En el pasado, el alza a las tarifas ha estado sujeta a presiones y chantajes de los concesionarios, algunas bastante perversas como utilizar a “porros” de la UABJO para retener y quemar autobuses.

Esperamos que en el gobierno de la Primavera Oaxaqueña no ocurra así al entrar en vigencia la autorización de las nuevas tarifas a 10 pesos en cuestión de horas o días, según logramos establecer.

En un acto de justicia social a los concesionarios, el aumento a la tarifa del transporte urbano finalmente se logra, después de más de seis años sin incremento, por así convenir a ambas partes.

No obstante, la práctica de aumentar la tarifa del transporte urbano cada tres años por razones político-electorales el Gobierno del Estado negoció prórrogas con los concesionarios en 2018 y 2021.

Por las mismas razones políticas de las elecciones presidenciales, Salomón Jara tampoco autorizó el aumento a las tarifas antes del 2 de junio y antes de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. 

Ya lo hizo, tras ardua negociación para fijar la nueva tarifa del servicio de transporte urbano de 8 a 10 pesos, con un incremento del 25%, a pesar de que los concesionarios demandaban 12 pesos.

Esperemos que el gobierno de Jara haya condicionado el aumento a la tarifa del servicio de transporte urbano a la mejora sustancial del servicio y del estado físico y mecánico de los autobuses. 

Para evitar que autobuses chatarra continúen contaminando con el humo que despiden sus viejos motores es indispensable que estos sean retirados del servicio y sustituidos por nuevas unidades.

No menos imperativo es condicionar la nueva tarifa del transporte urbano a una mayor y mejor capacitación de manera permanente de los conductores de los autobuses para mejorar el servicio.

Además, la Secretaría de Movilidad y elementos de la Policía Vial Estatal y Municipal, deben mantenerse vigilantes en todo momento y evitar que los juegos de placas se usen en dos autobuses.

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