Bueno, en primer término que a esta entidad como a todo el país, le afecta porque si de por sí era difícil que las entidades públicas rindieran cuentas acerca del gasto público, con la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información, lo será más. 

En segundo lugar, justamente fue en Oaxaca, hace más de tres décadas, en que nació la idea de crear una institución que obligara al Estado a entregar información pública, iniciativa surgida desde medios informativos y un grupo de intelectuales.

Sin embargo, la semana pasada, el Congreso de la Unión determinó desaparecer siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Coneval.

La razón: que eran onerosos, burocráticos, que eran corruptos, que no servían y que su función la podían absorber otras entidades públicas. 

LA GÉNESIS

Ya en 1977 hubo un atisbo de transparentar el poder público del país, al agregar al artículo sexto de la Constitución Política de México que el derecho a la información será garantizada por el Estado.

Evidentemente que por muchos años fue letra muerta y la discrecionalidad en el gasto y las acciones de gobierno fueron la constante.

Fue en mayo del año 2001 en que, a iniciativa de algunos medios de comunicación y de especialistas, comenzó a concretarse la exigencia de transparencia, a través de un conglomerado que posteriormente fue conocido como “Grupo Oaxaca”.

La Universidad Iberoamericana, la Fundación Información y Democracia, la Fundación Konrad Adenauer, el periódico “El Universal”, la Asociación Mexicana de Editores (entre ellos el diario “El Imparcial” de esta entidad) y la Fraternidad de Reporteros de México, convocaron a una mesa de análisis denominada “Derecho a la información y reforma democrática”.

A partir de ahí, mediante un desplegado, comenzó en México la idea de crear una ley de transparencia para obligar al Estado a rendir cuentas.

Fue hasta octubre del mismo año en que se materializó una iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunque el 1 de diciembre del mismo año, el gobierno federal pretendió dar un albazo, al presentar su propia propuesta.

Finalmente se concretó y dio prioridad a la iniciativa del “Grupo Oaxaca”, la que por cierto era respaldada por el entonces perredista Martí Batres y el periodista Jenaro Villamil, ahora fervientes defensores de la 4T y de la opacidad.

Las iniciativas fueron conjuntadas y discutidas y tras ello se logró el consenso de una propuesta de ley, aprobada en el mes de abril de 2022.

A partir de ahí paulatinamente se fue obligando al Estado a dar a conocer la información que ya de sí debió ser pública.

No obstante, desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador comenzaron las reticencias.

EL GOLPE

Por lo menos un año antes de irse del cargo, el Presidente de México atacó de manera constante a los órganos autónomos al acusarlos de opacidad, de burocratismo, de altos sueldos y de corrupción, esto último que jamás fue comprobado.

Obrador no pudo concretar sus proyectos pero dejó a Claudia Sheinbaum la tarea, que no tardó ni dos meses para hacerla realidad.

La semana pasada, primero la Cámara de Diputados federal, luego el Senado de la República y después la mayoría de los Congresos locales, avalaron la desaparición de siete órganos.

Así, de un plumazo, fueron extinguidos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

¿Quién o quiénes absorberán las funciones de dichos órganos? El INAI pasará a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno; el Coneval, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); las de la CRE y la CNH, a la Secretaría de Energía, y las de Mejoredu a la SEP.

LA INCERTIDUMBRE

No es menor la determinación, tratándose del órgano de transparencia, pues si era complicada la ruta para conseguir que la información pública fuera realmente pública, ahora lo será más.

En el sexenio morenista recién concluido, López Obrador hizo todo lo posible por ocultar los contratos de obra pública en sus obras insignia y hasta para su seguridad personal; tendrán que pasar, en algunos casos, por lo menos cinco años para conocer los documentos, y para entonces ya no habría posibilidad de enjuiciar los probables casos de corrupción.

En Oaxaca, cuna de la transparencia, también se sigue la misma dinámica y más ahora con el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, que aún encabeza Josué Solana Salmorán y quien sólo ha sido complaciente con las instituciones públicas.

Por un lado, procurando impedir o enredando las solicitudes de transparencia y por el otro lado adulando a los titulares de dependencias y organismos de la administración pública estatal, entregándoles diplomas de reconocimiento de que sí cumplen con las medidas de transparencia.

Hasta el “Grupo Oaxaca” murió, pues una vez extinguidos los órganos, ya ninguno de sus fundadores ha alzado la voz para recriminar la muerte de la transparencia.

Sólo el diario “El Imparcial” de la entidad, en el marco de su reciente aniversario, publicó un recuento de la iniciativa de hace 32 años y esta semana comenzó a difundir las ponencias en esa histórica conferencia que derivaron en una ley… ahora asesinada.

¿Qué pasará? Que Morena seguirá imponiendo su ley y su voluntad, por encima de las instituciones y que, por supuesto, la transparencia no será, ni por mucho, su característica en el gobierno federal, en los estados y en los municipios que gobierna.