El dictamen a favor fue emitido por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia y fue iniciativa de la diputada Haydeé Irma Reyes Soto del Grupo Parlamentario Morena, quien fundamentó que, con las recientes reformas a los artículos 3°, 4° y 73 de la Carta Magna Federal, se elevaron a rango constitucional la protección y cuidado de los animales.

Este Proyecto de Acuerdo también contempla que los Ayuntamientos tendrán que garantizar la protección, bienestar, trato digno y respetuoso de los animales y actuarán en consecuencia, cuando tengan conocimiento del referido delito.

De acuerdo con el estudio titulado "El maltrato animal y sus sanciones en México", este problema es mucho más grande de lo que se puede ver en los videos difundidos a través de las redes sociales, pues se calcula que siete de cada 10 animales domésticos en el país son víctimas de alguna forma de maltrato.

Por su parte, la promovente reconoció la labor de sus homólogas y homólogos e hizo un llamado a hacer extensivo el exhorto en los municipios de sus distritos electorales, con la finalidad de sensibilizar a las personas en esta materia, pues recordó que este tipo de actos son la antesala que podría escalar a una violencia social que terminaría por lastimar a un ser humano.

En este sentido, de acuerdo con el documento dictaminado este tipo de maltrato no se trata solo de un problema ético, sino de una cuestión de salud pública, seguridad ciudadana y derechos fundamentales, ya que no solo vulnera la dignidad de los seres sintientes, sino que está vinculado con otras formas de violencia, como la intrafamiliar.

Por ello, la protección de estos seres sintientes representa un tema trascendental para la población mundial y por ende, constituye un gran paso para la política nacional hacer proyectos legislativos que promuevan leyes que los protejan y les brinden una calidad de vida.

Cabe destacar que el maltrato y crueldad animal son delitos tipificados, con penas que van de uno a cinco años de prisión; en caso de privación de la vida, se castiga con tres a ocho años de cárcel y multa de 500 a mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.