En ese sentido, explicó que el FONDEN limitaba la disposición y operación de recursos, puesto que se dependía inicialmente de una declaratoria federal de desastre, la cual podría tardar en emitirse al no ser generada por el Gobierno del Estado.

En cuanto al principal fin del dinero del FONDEN, no era el de atender a la población ante los desastres, sino realizar compras a través de asignaciones directas, en las cuales los precios estaban inflados. Este uso indebido volvió del FONDEN un negocio a costa de la desgracia que no ayudaba a la población, únicamente a funcionarios y particulares.

El seguro ante desastres catastróficos no fue efectivo para Veracruz, puesto que no permitía una disponibilidad de recursos ni tampoco cubría lo suficiente ante desastres naturales. El costo del seguro llegó a oscilar entre 175 millones de pesos y lo máximo que llegó a permitir disponer fue de 28 millones de pesos, lo cual además era integrado fuera de tiempo.

Por lo anterior, con el fin de garantizar una adecuada respuesta ante cualquier desastre natural, la actual administración llevó a cabo las medidas necesarias para garantizarlo, desde financieras hasta normativas. Reformas a la Ley de Protección Civil, se incorporó más dinero para atención inmediata,

Entre las medidas principales, mencionó el Secretario las relativas al Fideicomiso de Protección Civil, realizadas a través de cambios en sus reglas de operación, con lo cual se permite utilizar recursos de manera inmediata y directa, se cuenta con 10 veces más de recursos (280 millones de pesos) comparado con lo que se accedía mediante el seguro, así como una mayor transparencia y vigilancia en el uso y aplicación del recurso.

Asimismo, como parte de la estrategia Estatal ante desastres naturales, se consideran desde el principio acciones y recursos que van destinado a cuestiones como el abasto de alimentos y medicinas hasta la rehabilitación de centros educativos y reactivación económica, donde además se vinculará a más dependencias.

Con esta nueva política financiera en materia de protección civil, se da muestra de que el Gobierno del Estado tiene un soporte financiero suficiente y operativo ante cualquier eventualidad, como lo son desastres naturales.