La discusión en el Pleno inició poco después de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto y, a propuesta del bloque Morena-PT-PVEM, se declaró como de “urgente resolución”. La mayoría rechazó la moción suspensiva presentada por el PAN, que buscaba detener la deliberación. Mientras la oposición acusó una “traición” a los campesinos, Morena sostuvo que la reforma tiene como objetivo central garantizar el derecho al agua.

La Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992 y derivada del artículo 27 constitucional, regula el uso y la administración del recurso hídrico en el país. La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea un nuevo marco sustentado en el artículo 4, que reconoce el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano, con el fin de actualizar la legislación para su distribución, protección y gestión sostenible acorde con las necesidades actuales.

Entre los cambios más relevantes se encuentran la creación del Registro Público de Agua Nacional y un Fondo de Reserva de Aguas destinado a comunidades sin acceso al recurso. También se prevé la cancelación de concesiones acaparadas o sin uso, el endurecimiento de sanciones por robo de agua y la regulación de obras privadas de captación pluvial que han modificado ciclos hidrológicos.

Productores agrícolas, especialmente del norte del país, expresaron preocupación por la eliminación de la transmisión privada de concesiones, al considerar que el acceso al agua constituye parte del valor de sus tierras. Aunque la Comisión Nacional del Agua aseguró que las herencias y compraventas de predios se mantendrán permitidas, los agricultores señalan falta de claridad sobre los nuevos procedimientos y la protección de sus derechos históricos.

Ante las críticas, Efraín Morales López, titular de Conagua, afirmó que la reforma representa “un profundo cambio en la visión del manejo del agua” y permitirá combatir el mercado negro del recurso. Señaló que ciertos grupos “ven afectados intereses favorecidos durante muchos años” y acusó la existencia de una “campaña de desinformación”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que quienes se oponen a la reforma poseen “muchísimas concesiones de agua”, algunas sin uso o en situación irregular, por lo que consideró necesario “poner orden” en la administración del recurso hídrico.

Con información de López-Dóriga Digital.