CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación detectó inconsistencias por un monto de mil 809 millones 936 mil 289 pesos en la ejecución del gasto de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la Administración Pública Federal del Ejercicio Fiscal 2018, cuya responsabilidad recae en la Secretaría de Gobernación.

A partir de ello, se generaron 61 recomendaciones, 40 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 7 pliegos de observaciones.

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficios para solicitar la intervención de la Secretaría de la Función Pública

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, se estableció que la Secretaría de Gobernación como autorizador de las estrategias y programas anuales de comunicación social, promoción y publicidad, así como sus respectivas modificaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, emitió autorizaciones de estrategias y programas anuales de comunicación social que no contaban con recursos presupuestarios previamente autorizados y asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de ese año.

También, permitió incrementos de recursos a los programas anuales, que no acreditaron el supuesto establecido en el artículo 15 del PEF 2018; y de los que no se emitió una valoración fundada y motivada por parte de la Dirección General de Normatividad de Comunicación, en coordinación con la Subsecretaría de Normatividad de Medios ambas de la Secretaría de Gobernación.

De igual modo, reportó la ASF, no se encontró evidencia documental justificativa y comprobatoria de la solicitud de los tiempos que por ley corresponden al estado; variaciones en el registro del presupuesto devengado, entre la Cuenta Pública y Comunicación Social.

La ASF recuerda que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Gobernación debe autorizar las estrategias y programas de comunicación social y registrar los gastos derivados de las partidas 36101 y 36201 en 83 entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, relativas a la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales; difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios; e información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades.

A partir de ahí se auditaron recursos del rubro de comunicación de las secretarías de Salud, Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Bienestar.

De las autorizaciones de servicios de comunicación social y publicidad aprobadas por la Segob se fiscalizó el 100 por ciento por un monto de 6 mil 856 millones 687 pesos de las partidas presupuestarias 36101 y 36201, puntualizó la ASF.

Entre las inconsistencias detectadas, refiere el informe de la Auditoria Superior de la Federación, no se encontró evidencia documental justificativa y comprobatoria de la solicitud de los tiempos que por ley corresponden al estado, no hubo informes bimestrales a la Cámara de Diputados de la utilización de los tiempos fiscales, reasignaciones y la ejecución de los programas y campañas; así como, la descripción de las fórmulas, modalidades y reglas para la asignación de tiempos oficiales.

De igual forma, en la ejecución del gasto, los proveedores adjudicados no acreditaron contar con la capacidad humana para prestar el servicio contratado, las dependencias no acreditaron que los medios digitales contratados cumplieran con el servidor de publicidad y la tecnología aplicada para demostrar el cumplimiento de parámetros de visibilidad, vistas, tráfico, usuarios alcanzados, geolocalización, segmentación, seguridad de la comunicación, calidad de inventario publicitario, transparencia y eficiencia de las campañas en medios digitales.

Con información de Excélsior