La ley, aprobada a principios de 2019, entró en vigor este viernes y no prohíbe el ejercicio de la prostitución, sino el hecho de pagar por sexo, castigando a quienes usen estos servicios con una multa inicial de dos mil shekels y quienes reincidan en un plazo de tres años deberán pagar el doble.

Además, la norma permite presentar cargos penales contra clientes de la prostitución, con una multa máxima de 75 mil 300 shekels.

La implementación de la nueva norma se produce de forma simultánea a un plan de rehabilitación para quienes ejercen la prostitución, con un presupuesto de 90 millones de shekels (23 millones de euros, 26 millones de dólares).

El programa incluirá asistencia médica para trabajadoras y trabajadores sexuales, ayudas de alojamiento, la creación de centros de día en Jerusalén y Tel Aviv y de hogares para mujeres transgénero, educación preventiva para jóvenes y tratamientos de rehabilitación para adictos a la prostitución.

Miembros del Parlamento y ONG de defensa de los derechos de las mujeres pidieron postergar la entrada en vigor de la ley, con el argumento de que esta no debería implementarse hasta que estén establecidos los mecanismos previstos para ayudar a las mujeres que ejercen trabajos sexuales.

Sin embargo, el ministro israelí de Justicia, Avi Nissenkorn, afirmó que no hay motivos para demorar la entrada en vigor de la normativa y destacó, en su cuenta de la red social Twitter, que "las mujeres no son una propiedad y sus cuerpos no están para ser arrendados, bajo ningún precio".

*Con información de EFE