MORELOS.- El desalojo de un plantón de ejidatarios que se oponen a la construcción de un acueducto en Apatlaco, Morelos, por parte de 300 elementos de la Guardia Nacional, fue violatorio a 10 amparos con suspensiones de plano o definitivas otorgadas, alegaron múltiples organizaciones sociales.

Tras el desalojo, la misma Guardia Nacional permitió el ingreso de maquinaria para reiniciar las obras de construcción de una tubería y fueron colocadas vallas metálicas para impedir que el campamento de protesta fuera instalado de nuevo.

El incidente ocurrió la madrugada del 23 pasado de noviembre y fue reprobado por alrededor de 86 organizaciones civiles del país que se agrupan en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

Los activistas piden que el gobierno federal aclare públicamente la situación jurídica del Proyecto Integral Morelos (PINM), además de que reconozca y respete las suspensiones de plano y definitivas otorgadas contra las obras. Además, solicitaron que se garantice “el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas”, demanda que mantienen desde años atrás.

En un comunicado de prensa, la Red TDT señaló que “la iniciativa del gobierno de echar andar el PIM viola las resoluciones dictadas en 10 de 19 juicios de amparos vigentes que ordenan la detención” de esa construcción.

El PIM, incluye la puesta en marcha de una termoeléctrica, gasoducto y el acueducto. Ésta última fue el origen del plantón y las protestas de pobladores aledaños al río Cuautla, la cual es encabezada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) y Ejidos en Defensa del Agua de Ayala.

Las organizaciones de la Red TDT afirman que la reanudación de la obra, pese a la existencia de amparos, representa “una falta de acatamiento del Poder Ejecutivo Federal a las determinaciones del Poder Judicial”.

En consecuencia y de continuar ignorando las suspensiones emitidas por el Poder Judicial, estas acciones representan la desprotección y el peligro “en un contexto de acoso, amenaza y hostigamiento hacia personas que defienden el territorio y el agua contra las distintas obras del PIM”.

Con información de Milenio