*#UNOLEGAL y #UNOSEGURIDAD urgen reorientar la prioridad presupuestal por parte de los diputados del Congreso del Estado hacia la prevención y persecución de los diversos delitos cotidianos, no sólo los de alto impacto, así como de la procuración de justicia.

*Otra solución práctica propuesta en materia de seguridad y procuración de justicia, es instalar un Call Center para que los Síndicos Procuradores de los 570 Municipios consulten de manera rápida y expedita al Ministerio Público qué hacer ante los asuntos en los que intervienen.

A riesgo de incomodar a las hipócritas buenas conciencias y a los políticamente correctos, obligado es reconocer que el Estado está rebasado por las bandas de la delincuencia común y organizada y los cárteles del narcotráfico.

Y nos referimos no sólo al Estado y Gobierno oaxaqueños, sino a los entes jurídico-políticos de la federación en general a nivel nacional. México es peor que un Estado fallido, se ha convertido lenta, pero inexorablemente en un narco-Estado.

No obstante, lo complejo y complicado de los problemas que enfrentan pueblo y gobierno por la corrupción e impunidad, el movimiento social ciudadano #Unidos por Oaxaca #UNO aportó soluciones, a través de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación (ECMC).

En reciente conversatorio con Cornelio Merlín Cruz por FaceBook Live, los grupos de trabajo del movimiento social ciudadano #UNOLEGAL, #UNOSEGURIDADYSALUD y #UNOAMBIENTESOSTENIBLE propusieron soluciones prácticas, realistas y viables.

La solución es simple y sencilla para Francisco Aoyama Morales y Luis Miguel Urbiña Calvo, dada su amplia trayectoria y expertise en materia de seguridad en las Procuradurías General de la República (PGR) y del Estado de Oaxaca:

Primeramente, es indispensable y urgente reorientar la prioridad presupuestal por parte de los diputados del Congreso del Estado hacia la prevención y persecución de los diversos delitos cotidianos, no sólo los de alto impacto, así como de la procuración de justicia.

Coincidieron en señalar que los salarios de hambre que perciben los elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Agencia Estatal de Investigaciones y los Agentes del Ministerio Público provocan fuga de talentos permanentemente.

Lo peor de todo, es que después de años de inversión en su capacitación, que dicho sea de paso, ya no realiza la Fiscalía General del Estado, los mejores elementos se van a la Fiscalía General de la República o a otros estados.

Al igual que en las dependencias de los Tres Poderes del Estado y órganos constitucionales autónomos se llega al extremo de pedir a los solicitantes de algún trámite que proporcionen dinero para la gasolina, hojas de papel y CD.

Frecuentemente, se llega al extremo de estas prácticas, incluso, en los casos que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicita un Informe a la Fiscalía y entre el propio personal de las dependencias por la falta de recursos.

Otra solución práctica propuesta en materia de seguridad pública y procuración de justicia es instalar un Call Center para que los Síndicos Procuradores de los 570 Municipios consulten de manera rápida y expedita al Ministerio Público qué hacer ante los asuntos en los que intervienen.

Hasta ahora, la mayoría de los legisladores oaxaqueños de Morena no han puesto de manifiesto su amor por Oaxaca ni menos su compromiso social por la defensa del interés general para prevenir y combatir la inseguridad y violencia.

Entendible, jamás justificable, porque, según reportes de inteligencia, algunos diputados, hombres y mujeres, de ayer y de hoy, presuntamente están involucrados con bandas del crimen organizado y del narcotráfico en las regiones consideradas “focos rojos”.

El obstáculo mayor a vencer son las amplias redes de complicidad de algunos servidores públicos en las dependencias responsables de la seguridad pública, la investigación de los delitos, la procuración de justicia y legisladores, con la delincuencia común y organizada y el narcotráfico.

En tales condiciones, es muy difícil, ciertamente, que en un acto de estricta justicia, prospere la justificada demanda de mayor presupuesto, al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado en general, máxime cuando su titular radica en la Ciudad de México.

Sin embargo, es necesario insistir en la imperiosa necesidad de incrementar sustancialmente los salarios y prestaciones sociales de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, la Agencia Estatal de Investigaciones, Peritos y Agentes del Ministerio Público.

De no obtener respuesta positiva por parte de los diputados de la LXV Legislatura del Congreso del Estado continuará la inacción y el inmovilismo del aparato de prevención y persecución de los delitos y de la procuración de justicia.

El asunto se complica por la omisión y negligencia del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado a grado tal que, el elemento de la Policía Auxiliar que pudo evitar la muerte del médico Miguel González de la Paz en Viguera, no lo hizo.

En el colmo del cinismo, Javier Jonatán Galván Morteo, Director de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), afirmó que el policía auxiliar no intervino por protocolo asegurando que su actuación fue conforme lo marca su reglamento.

Por otro lado, el coordinador del grupo de trabajo #UNOSALUDYSEGURIDAD, Antonio Fourzán Azis, promueve cursos-taller de capacitación en El Llano, en salud, protección civil y seguridad dirigido prioritariamente a las mujeres, que son las mayores víctimas de la inseguridad y violencia.

[email protected]

[email protected]

@efektoaguila