“En las últimas semanas se han reportado agresiones que violan y vulneran los derechos humanos de personas migrantes en el sureste de México”, afirmó la ONG en un boletín.

Señaló que, pese a los llamados del Gobierno Federal de proteger a los migrantes, la “política real” refleja todo lo contrario.

Acciones tales como “disolver a toda costa las caravanas migrantes con equipos antimotines” terminan “violando especialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

En diversas ocasiones, Save the Children ha condenado la excesiva violencia en contra de migrantes que huyen de sus países de origen debido a la violencia y la pobreza, agregó.

Jorge Vidal, director de programas de Save the Children en México, declaró: “Nos preocupa enormemente que, en nuestro país, funcionarios del Estado mexicano traten de esta manera a quienes vienen de situaciones de alto riesgo para su integridad y sus vidas”.

Subrayó que es “grave que niñas, niños y adolescentes migrantes estén siendo detenidos o que se lleven a sus madres y padres y queden solos, a la deriva y expuestos a grupos de narcotráfico y trata de niñas y niños”.

Por ello, pidió al Gobierno de México atender las solicitudes de refugio de los migrantes en “tiempo y forma”.

La región registra en los últimos meses un flujo migratorio histórico con 147 mil indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple de 2020, y un récord de 212 mil indocumentados detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos.

Desde Tapachula, estado de Chiapas, salieron cuatro caravanas de migrantes -muchos de ellos haitianos- hace unas semanas, pero todas fueron desarticuladas en duros operativos de las fuerzas de seguridad.

Por ello, este lunes centenares de migrantes y varios activistas anunciaron el inicio de un ayuno en protesta por el trato recibido.

Además, esperan pronto poder partir en un “viacrucis migrante” hacia el norte para tratar de avanzar hacia la frontera de México con Estados Unidos.

La situación en la frontera sur ha sido denunciada por activistas, ONG y organismos internacionales desde hace semanas.

“El incremento de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional a lo largo de la frontera sur de México con el objetivo de realizar tareas de verificación y control migratorio debe respetar los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo”, apuntaron recientemente en un comunicado conjunto la Acnur, la ONU-DH y la OIM.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lamentó también que en las caravanas hubo “uso desproporcionado de la fuerza” contra familias y niños.

Con información de agencias