HUMBERTO TORRES
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Terminó la Semana Santa pero continúan las penitencias para los
oaxaqueños debido a que siguen los incendios en el tiradero a cielo
abierto que habilitó la Confederación Autónoma de Trabajadores y
Empleados de México (CATEM) a orilla del río Atoyac, en inmediaciones de
la Central de Abasto y que las autoridades municipales que encabeza
Francisco Martínez ha ignorado olímpicamente.Sin que hasta el momento se hayan resuelto las calamidades
ocasionadas por el cierre del tiradero en terrenos de Zaachila y sin un
plan para atender esta contingencia que se advirtió meses antes de que
asumiera los destinos de Oaxaca de Juárez, la contaminación ha adquirido
niveles escándalos, tanto en los suelos como en el aire.
Desde hace varios meses contamina el río Atoyac donde se concentra
la basura y se filtran líquidos, conocidos como lixiviados, que
contaminan el agua del subsuelo. La descarga de la basura en arroyos y
canales o su abandono en las vías públicas, también trae consigo la
disminución de los cauces y la obstrucción tanto de estos como de las
redes de alcantarillado.En los periodos de lluvias, provoca inundaciones que pueden
ocasionar la pérdida de cultivos, de bienes materiales y, lo que es más
grave aún, de vidas humanas. La presencia de aceites, grasas, metales
pesados y ácidos, entre otros residuos contaminantes, altera las
propiedades físicas, químicas y de fertilidad de los suelos.
Aunado a ello, los residuos sólidos abandonados a cielo abierto
deterioran la calidad del aire que respiramos, tanto localmente como en
los alrededores, a causa de las quemas y los humos, que reducen la
visibilidad, y del polvo que levanta el viento en los periodos secos, ya
que puede transportar a otros lugares microorganismos nocivos que
producen infecciones respiratorias e irritaciones nasales y de los ojos.¿Hasta cuándo?… A VUELO DE PÁJARO
Se le apareció el diablo al sacerdote Alejandro Solalinde, pues su
decisión de transformar el Instituto Nacional de Migración (INM) por la
Coordinación de Migración y Extranjería no fue bien recibida por la
Iglesia Católica mexicana, al considerar que no se necesita inventar un
nuevo consejo con nuevas estructuras, porque lo que no hay es voluntad
política de cambio. El padre Julio López, encargado de movilidad humana
de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), dijo que lo que
pretenden con este nuevo consejo es tapar la protesta social por el tema
de los migrantes fallecidos en el incendio de Ciudad Juárez.
Tribunal virtual
Como parte de la modernización y transición a un Tribunal Virtual,
así como para brindar procesos ágiles, seguros y eficientes, el Poder
Judicial del Estado en la administración del magistrado Eduardo Pinacho
Sánchez, ha implementado diferentes servicios en línea, entre ellos el
Registro Único de Notificación Electrónica (RUNE). A la fecha se han
logrado generar más de 130 mil de notificaciones electrónicas
correspondientes a diferentes juzgados en el estado, lo que propicia la
reducción de tiempos, transparencia y agilidad en los casos.
Más servicios
La institución continúa convocando a la comunidad de abogados
litigantes a utilizar estas herramientas desde la página institucional
del Tribunal Superior de Justicia en el enlace www.tribunaloaxaca.gob.mx/,
donde de forma fácil y segura se establecen los procedimientos a
seguir. Otros de los servicios digitales implementados en la institución
son los kioscos electrónicos y el acceso al expediente digital en los
Juzgados Civiles y Familiares del Centro, que junto con el Registro
Único de Notificaciones Electrónicas en línea, han resultado de gran
utilidad, impulsando una impartición de justicia innovadora, abierta y
transparente.
Seguimiento
Después de mucho por fin se anunció que la Fiscalía General del
Estado de Oaxaca (FGEO), revisará los casos de denuncia pendientes por
ataques en contra de periodistas y a la libertad de expresión. Ante la
agresión que sufrió el reportero Alaín Albarrán Granados en Tlaxiaco, la
dependencia a cargo de Bernardo Rodríguez Alamilla refrendó el
compromiso con la procuración de justicia para personas víctimas de
delitos que atentan contra la libertad de expresión, pues con ello se
contribuye en la construcción de sociedades críticas, plurales y
respetuosas de los derechos humanos.
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