El magistrado Juan José Chávez Montes consideró que había pruebas suficientes para enjuiciar al contralmirante Salvador González por no cumplir con sus obligaciones de administrar, proteger y vigilar la aplicación de las leyes vigentes, tanto en materia de protección civil como de detención de migrantes en las instalaciones de Ciudad Juárez.

El 27 de marzo un pequeño grupo de migrantes prendieron fuego a un colchón en señal de protesta contra las condiciones en las que se encontraban detenidos. En pocos minutos, el humo se extendió y 68 hombres se quedaron encerrados tras las rejas sin que los guardias hicieran nada por liberarlos, según constataron las cámaras de seguridad.

Es la primera vez que un jefe estatal del Instituto Nacional de Migración es procesado por homicidio, según confirmó la agencia, que no comentó al respecto.

Otras siete personas enfrentan procesos por los mismos cargos, incluidos cinco agentes migratorios, un guardia de seguridad y el migrante que presuntamente prendió las colchonetas. Además, el titular del INM, Francisco Garduño, y otro directivo de la agencia también han sido acusados por la fiscalía, aunque los tribunales decidirán la próxima semana si se les vincula o no a proceso.

El juez consideró que el contralmirante no garantizó que sus subordinados y los guardias de la empresa de seguridad privada cumplieran adecuadamente con sus funciones, no evitó el hacinamiento ni las malas condiciones de detención de los migrantes, y avaló que las instalaciones fueran una "prisión" donde los migrantes estaban encerrados con candado, pero no hizo nada al respecto, violando lo establecido en la Constitución mexicana.

"Todo al final recae en la cabeza principal", afirmó Chávez Montes. "No cumplir con las normas sí produce resultados", letales en este caso, agregó.