Esa es parte de la herencia del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa con sus obras “insignia” y que jamás se concluyeron, aunque las inauguró al finalizar su sexenio; en resumen, uso indiscriminado y a conveniencia de tres mil 500 millones de pesos.

En entredicho está también la 64 Legislatura del Congreso del Estado, dominada entonces y ahora por la mayoría de Morena, pero incapaz de exigir tocar al Poder Ejecutivo priista para exigirle cuentas.

Lo mismo pasa ahora, a dos años de la actual Legislatura, pese que al ser autorizado el préstamo del famoso decreto número 809, había cláusulas para la revisión continua, nadie en la Cámara de Diputados ha abordado el tema.

Y lo peor: en el sexenio actual del morenista Samolón Jara Cruz, nadie se atreve a pedir cuenta a los Murat, mientras el secretario de las Infraestructuras, el gabinista Netzahualcóyotl Salvatierra López, ha negociado con los priistas para que no se exija a las constructoras y a los ex funcionaros que rindan cuentas.

Más aún, el entonces titular de Sinfra, el mexiquense Javier Lazcano, goza de cabal salud y disfruta de sus millones de pesos en su tierra natal, donde tiene múltiples inversiones.

¿QUÉ PASÓ?

El 3 de octubre de 2019, la mayoría morenista de la 64 Legislatura aprobó un préstamo por tres mil 500 millones de pesos para, paradójicamente, refinanciar deuda acumulada y efectuar obras públicas que desde el inicio del sexenio priista no había. Como supuesta condición, el Legislativo creó una Comisión Permanente de Deuda Pública, que supuestamente vigilaría el uso del recurso.

Según otro mexiquense, Vicente Mendoza Téllez Girón, “el único objetivo es continuar el mejoramiento de las finanzas públicas de Oaxaca para estar en condiciones de invertir mayores recursos en infraestructura social y productiva”, se refirió en un boletín de esa fecha.

El argumento de Alejandro Murat fue que no sería un “cheque en blanco”; que se realizarían 118 obras relevantes en todo el estado y que los gobiernos del pasado se habían endeudado más.

De ese empréstito, se destinarían 936 millones de pesos para el refinanciamiento de la deuda de largo plazo.

Según el mismo boletín, la administración del gobernador Alejandro Murat concluiría con un adeudo de 16 mil 800 millones de pesos, “lo que implica abonarle dos mil millones de pesos al pago de la deuda global, saldo menor al que recibieron en 2016, cuando la deuda ascendía a 18 mil 800 millones de pesos.

“En el año 2004, la gestión del entonces gobernador José Murat dejó una deuda de 486 millones de pesos; en 2010, Ulises Ruiz Ortiz la subió a 5 mil 807 millones de pesos; y en 2018, Gabino Cué Monteagudo la elevó hasta 14 mil 711 millones de pesos”.

SUPUESTAS OBRAS

Pero tras la aprobación, tardaron al menos otros dos años para que el préstamo se hiciera realidad y en 2022, las obras “de gran envergadura” se hicieron al vapor y con oscuras licitaciones, en que se favorecieron a empresas foráneas, como ICA, bajo el pretexto de que en Oaxaca las constructoras no tenían capacidad financiera.

La primera muestra de la improvisación fue la cancelación del libramiento sur, al que se destinarían supuestamente mil millones de pesos; la segunda improvisación, que los terrenos del antiguo reclusorio de Santa María Ixcotel sería un parque deportivo y recreativo; tampoco se pudo.

También al vapor las inauguraciones, en los últimos días del sexenio de Murat, que, por supuesto, acrecentaron las dudas acerca del destino del dinero y más en la calidad de los trabajos.

Según denunció Salomón Jara Cruz en su primer día como gobernador, la deuda de Alejandro Murat ascendía a unos 20 mil millones de pesos y la mayoría de las obras que se ejecutaron con el préstamo, estaban inconclusas y con severas fallas.

Al Centro de Convenciones de Huatulco se le destinaron más de 300 millones de pesos y no sirve a la fecha; tampoco se ha terminado. A la Casa de las Alas del DIF, se invirtieron más de 60 millones de pesos y también se recibieron inservibles.

El Centro Cultural “Álvaro Carrillo” ascendió a 527 millones de pesos; la remodelación de la avenida Símbolos Patrios, al sur de la capital, 160 millones de pesos, aunque según Murat fueron 113.5 millones; el Circuito Interior, más de 500 millones de pesos. ¿Y las demás obras de la larga lista de más de 100 proyectos?

¿NEGOCIOS DE NETZA?

El principal responsable de no iniciar las acciones de justicia es el actual secretario de las Infraestructuras, Netzahualcóyotl Salvatierra, funcionario criticado de manera constante por los probables fraudes cometidos en obras públicas durante el sexenio de Gabino Cué.

(Por cierto, en el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción hay un abultado expediente en que ya se tenía lista la sentencia contra Salvatierra, por un fraude de más de 60 millones de pesos; al parecer el expediente “desapareció”).

Pero pasó el lapso de la entrega-recepción y nada más no tuvo la capacidad para encargar una revisión a detalle de las obras heredadas. O no quiso.

En marzo pasado, dijo que recibió 119 obras inconclusas; en otra fecha de los primeros meses, aseguró —sin haber consultado al mandatario estatal— que “ya había compromiso” de las constructoras responsables de concluir las obras de Murat y terminar las pendientes. Pero nada.

Absolutamente nada ha hecho Netzahualcóyotl Salvatierra y basta recorrer la zona metropolitana de la capital para ver las terribles fallas, como los destrozos en el Circuito Interior, a la altura del mercado de Abasto y en jurisdicción de Santa Cruz Xoxocotlán; en la agencia de Pueblo Nuevo, un largo tramo ni siquiera fue contemplado en la rehabilitación.

La avenida Símbolos Patrios sigue sin ser pavimentado, además de cunetas, banquetas y otras obras inconclusas. ¿Ciclovía?, se contempló pero nunca se hizo.

En dos años, tampoco la 65 Legislatura se ha acordado, adrede y bajo recomendación de Alejandro Avilés, de reactivar la Comisión Permanente de Deuda Pública y mucho menos

Entonces, ¿Alejandro Murat y sus entonces funcionarios seguirán impunes?