Geovany Vásquez Sagrero, consejero jurídico del gobierno estatal y quien tras darse a conocer videos de Merlo Gómez en libertad en Italia reconoció que se ignoraba su situación jurídica, asegura en entrevista con El Universal que ni se le ha otorgado la absolución ni existe la corte internacional europea que argumenta la defensa del fedatario lo declaró inocente.

“El Gobierno del Estado de Oaxaca no es parte de esa carpeta de investigación, porque la iniciaron particulares contra él, pero sí es un caso emblemático de hace varios años, al que mediáticamente le han denominado Cártel del Despojo (…) Primero, el gobierno estatal no está litigando y por ello no ha perdido, estamos proporcionando la información que nos solicitó la fiscalía por denuncias que presentaron particulares. Segundo, no hay ninguna absolución, es totalmente falso lo que ha manifestado la abogada sobre que una corte europea lo declaró inocente, eso es falso, no existe dicha corte”, señala.

Según el Consejero Jurídico del gobierno oaxaqueño, a unos días de darse a conocer la libertad de Merlo, extraoficialmente lo que se les ha informado es que el notario se opuso a través de amparos a la extradición solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), ante lo cual un tribunal de apelación le negó al Estado Mexicano la extradición de Jorge Merlo “porque el delito por el que se le arrestó y estuvo en prisión, a juicio de ellos y de acuerdo con su derecho interno en Italia no es grave y no amerita ser extraditado”.

El funcionario asegura que pese a ello tanto la orden de aprehensión por el delito de falsificación de documentos como la ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) siguen activas e insiste que es “una ofensa a la opinión pública” hacer creer que un tribunal de Europa se va a “meter” a ver un caso de despojo en Oaxaca y van a decidir que no es culpable, tal como lo publicaron medios locales oaxaqueños.

Vásquez Sagrero también advierte que el notario, sobre quien pesan distintos señalamientos por despojo de propiedades, se está presentando ante la opinión pública como si fuera un perseguido político, como si fuera “un activista o un defensor de derechos humanos”.

“Él es parte de un grupo político, un exfuncionario público, un notario al que se le señala por despojar a muchas personas de sus propiedades a través de sus servicios notariales. No es un ciudadano que se fue de vacaciones y que por algo le llega una orden de aprehensión, está señalado como parte de un grupo criminal que estuvo despojando de sus bienes a muchos oaxaqueños”, asegura.

El consejero afirma que como gobierno estatal seguirán informando a las fiscalías sobre este tipo de asuntos y rechaza que haya intereses políticos o sesgos de cualquier tipo, “más que comparezcan y se defiendan los señalados”, pero advierte que seguirán proporcionando la información solicitada.

Lo anterior, explica, porque al no ser parte formal de la carpeta de investigación, el gobierno oaxaqueño tiene que exigir que se les vaya informando sobre los avances. Por ejemplo, señala, hasta el momento no se cuenta con datos que sostengan que Merlo obtuvo asilo político e insiste que la narrativa que impulsa es que “es un ciudadano que de pronto el gobierno de Oaxaca lo está persiguiendo”.

Agrega que es solo al interesado, en este caso Merlo, así como a la FGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a quienes se les informan de los avances del caso, y reconoce que dichas instancias federales no habían notificado sobre la liberación del notario suspendido al gobierno oaxaqueño.

Al respecto, agrega que la suspensión de Merlo Gómez se determinó dado que el notario se negó a las revisiones que la Dirección de Notarias ordenó. “Están suspendidas sus funciones como notario porque no quiso poner sus protocolos a la vista, turismo que actuar y suspender”.

Según la información oficial, esta suspensión deriva de una sanción administrativa por no presentarse a las visitas que tenía que realizar las llamadas Dirección de Notarias, que depende de la consejería Jurídica; no obstante, esta es cautelar y momentánea y no implica que se le suspenda el FIAT o autorización notarial, en tanto ni siquiera se ha tenido acceso a sus libros.