Durante una presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Villena remarcó que esta investigación "es reservada" pero informó que el pasado 1 de abril "se dispuso ampliar el marco fáctico de la imputación, ya no solo por los tres relojes Rolex".

Indicó que ahora se ha incluido unas declaraciones juradas en los que aparece un incremento patrimonial de 432.000 soles (119.400 dólares o 111.000 euros) "en el plazo de dos años" y por la posesión de una pulsera de lujo de la gobernante que, "según una fuente abierta", tiene un valor de 56.000 dólares y otras joyas con un valor que superaría los 500.000 dólares.

Agregó que también existen "depósitos de origen desconocido" por más de 1,1 millones de soles en cuentas bancarias de la gobernante, quien ha señalado en los últimos días que ese dinero no es propio, sino que pertenece al Club Departamental Apurímac (una asociación de migrantes de esa región en Lima), que presidió hasta antes de integrar, en 2021, el Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).

Ante la comisión legislativa, Villena defendió que tanto la Constitución como las leyes peruanas permiten al Ministerio Público realizar investigaciones de oficio y recordó que, por ese motivo, el 18 de marzo pasado se ordenó el inicio de diligencias preliminares contra Boluarte por un presunto enriquecimiento ilícito.

Tras ratificar que los fiscales "no fueron recibidos" cuando se programó tanto la declaración de la mandataria como la exhibición de los relojes Rolex, señaló que por ese motivo se pidió el pasado 28 de marzo el requerimiento judicial de allanamiento contra la vivienda de Boluarte y el Palacio de Gobierno.

"El 29 se realiza la diligencia en horas de la noche, con los resultados que ya todos conocemos", comentó antes de indicar que luego se decidió ampliar "el marco fáctico de la imputación", lo que motivó que se rechace un pedido de Boluarte para que se le tome "la declaración de manera inmediata" y esto se hará el próximo viernes.

Villena dijo que esta "es una investigación bastante compleja", que incluye a numerosos funcionarios, además de pericias especializadas, por lo que mantiene su carácter reservado.

El fiscal general también recordó a los legisladores que el Ministerio Público puede culminar una investigación preliminar de este tipo con una acusación constitucional, pero remarcó que el proceso contra un gobernante "no puede continuar hasta que culmine sus funciones", tal como establece la Constitución peruana.

Durante la reunión de la Comisión de Fiscalización el parlamentario Héctor Valer pidió que se solicite al pleno del Congreso que les otorgue la facultad de comisión investigadora para poder interrogar a la presidenta Boluarte, quien había sido citada para que se presente este martes ante el grupo, pero no asistió.

La gobernante estaba citada el pasado martes para mostrar sus relojes en el Ministerio Público y al día siguiente debía dar su testimonio, pero pidió reprogramar ambas citas debido a su "cargada agenda", por lo que no acudió a ninguna de estas.

Esto provocó el allanamiento de su vivienda, donde el operativo policial rompió la cerradura de la puerta, y del Palacio de Gobierno, tras lo cual la mandataria afirmó que el procedimiento se había hecho de manera arbitraria, abusiva y desproporcionada, y que ella estaba colaborando con la investigación.

En respuesta, el Ministerio Público aseguró que el operativo se realizó "por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema" y que en el operativo "no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por la presidenta de la República, pese a que se le requirió", pero sí obtuvo otros elementos de interés para la investigación.