Una nueva escalada de violencia parece que ha comenzado en contra de periodistas en el territorio mexicano en el noveno mes de este 2020.

Desde hace años, expertos en Derechos Humanos, periodistas, investigadores y representantes de instituciones y organismos internacionales coinciden y han venido repitiendo que México (sin estar en guerra) es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

En lo que nadie coincide es en las cifras. ¿Cuántos periodistas han muerto en los últimos 20 años en México? porque mientras por un lado se registran periodistas que realizan su labor en algún medio masivo de comunicación, radio, prensa o medios digitales, otros consideran en estas largas listas de muertos a los defensores y defensoras de derechos humanos y la cifra aumenta cada vez más.

La organización Reporteras en Guardia dio a conocer que en el primer semestre de 2019 se habían registrado 13 asesinatos en nuestro país; incluyendo cinco casos de comunicadores indígenas que no son reconocidas como periodistas por el gobierno federal y que fungían como activistas o defensores de derechos humanos y formaban parte del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Tal es el caso del fundador de la radio comunitaria Amiltzinko en el estado de Morelos Samir Flores, el de José Lucía Bartolo y Modesto Verales, colaboradores de radios comunitarias en el estado de Guerrero y Gustavo Cruz, quien fuera integrante de la Comisión de Comunicación del Consejo Indígena en el estado de Oaxaca.

La organización Reporteros Sin Fronteras mantiene un registro detallado de los periodistas asesinados en los últimos 20 años.

Durante la administración de Vicente Fox fueron asesinados 22 periodistas, con Felipe Calderón la cifra subió a más del doble alcanzando 48 comunicadores y periodistas asesinados en su sexenio, mientras que con Felipe Calderón la cifra se mantuvo casi igual al sumar 47 periodistas asesinados.

En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la organización Reporteros Sin Fronteras tiene un registro de 14 periodistas asesinados, incluyendo el último caso del periodista veracruzano, colaborador del Diario El Mundo, Julio Valdivia ocurrido ayer jueves en el municipio de Tezonapa, Veracruz.

Un día antes, el 9 de septiembre, en el trayecto de su trabajo a su casa, desapareció el periodista Hugo Lynn Almada en Puerto Vallarta Jalisco y a la fecha se desconoce su paradero.

Este jueves en el estado de México, un grupo de periodistas fue agredido por elementos de la policía estatal cuando cubrían el desalojo que se registró de un grupo de mujeres que habían tomado las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Decenas de personas fueron arrestadas, los policías destruyeron vehículos con toletes y le arrebataron el teléfono celular a la reportera independiente Lizbeth Hernández cuando se habían refugiado en un vehículo durante el ataque junto con otras personas.

En Orizaba y Córdoba Veracruz trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación se manifestaron contra la violencia y los asesinatos de periodistas en el país y aseguraron que ese estado es uno de los de mayor riesgo para ejercer su labor por lo que exigen que se garantice el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

En los últimos ocho años tan solo en el estado de Veracruz han sido asesinados 25 periodistas.

Estos hechos solo han servido para que políticos de todos los colores y partidos, hombres y mujeres se dan vuelo haciendo declaraciones y promesas que nunca cumplen.

El año pasado en el Senado se presentó el informe: “Frente al riesgo y el caos” donde los legisladores reconocieron que existen “irregularidades en el diseño de leyes” y “que no generan una protección efectiva” a los periodistas que acuden a esos mecanismos de protección.

Ese 12 de agosto de 2019 Nestora Salgado se comprometió a atender las recomendaciones del informe y “sumar esfuerzos para abatir la impunidad porque es el principal factor para que las agresiones se repitan” dijo, pero ya pasó un año y no hay ningún avance.

El 8 de agosto del año pasado, la Comisión Permanente del Congreso Federal avaló un punto de acuerdo para exhortar a la “Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas” del estado de Veracruz, a rendir un informe de las acciones realizadas para proteger a los periodistas.

En esa ocasión el Diputado Federal por Morena Jaime Pérez incluso señaló, ante la falta de resultado en las investigaciones por los múltiples asesinatos de periodistas en Veracruz que parecía que “la Fiscalía va de la mano de la delincuencia”.

También Beatriz Paredes se pronunció porque se esclarecieran los crímenes y se brindara seguridad para los comunicadores y periodistas de México.

Ayer, no fue un diputado ni una senadora quien se pronunció. Ayer fue el propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador quien prometió investigar el asesinato del periodista Julio Valdivia y dijo que se castigará a los responsables y reconoció “lo heroico que es hacer periodismo en esa región”.

Las periodistas y los periodistas no queremos ser heroínas ni héroes, sino ejercer libremente nuestra labor sin miedo a ser callados. 

Durante décadas, la falta de compromiso y seriedad institucional en la investigación de los crímenes contra periodistas han colocado a México como uno de los países con los más altos niveles de impunidad en el mundo. Eso alienta a los autores materiales e intelectuales a seguir atentando contra la vida de quienes denuncian y no se someten y a quienes ejercen su libertad de expresión en el país.

Serán los hechos y no las palabras, las que demuestren si realmente hay diferencias entre este gobierno y todos los que le han antecedido.