Los demandantes en este caso son una coalición de 33 estados (entre ellos California, Texas, Arizona, Arkansas e Indiana) y el Distrito de Columbia (donde se encuentra Washington, la capital) que acusaban a Apple de haber engañado a los clientes y de haber escondido información relevante.

La firma que dirige Tim Cook admitió hace ya tiempo que había ralentizado el funcionamiento de modelos de iPhone antiguos como el 6 y el 7 mediante las actualizaciones del sistema operativo iOS, con el objetivo, según la compañía, de compensar la capacidad más limitada de sus baterías y prevenir así que los dispositivos se sobrecargasen y apagasen.

Sin embargo, hubo voces tanto desde los consumidores como desde los Gobiernos estatales que consideraron que lo que Apple estaba haciendo al ralentizar los modelos antiguos era empeorar su funcionamiento e incentivar así la compra de nuevos teléfonos y baterías, por lo que demandaron a la empresa.

El pasado marzo, la firma de la manzana mordida ya alcanzó otro acuerdo extrajudicial por el mismo motivo, en ese caso ante una demanda colectiva presentada por usuarios a los que aceptó pagar un total de 500 millones de dólares.

Un elemento clave del caso es que aunque la práctica de Apple de ralentizar los iPhone para prevenir problemas con las baterías no fuese ilegal, según los abogados el hecho de que la empresa no lo comunicase abiertamente a los afectados les hizo creer que se trataba de un problema de obsolescencia de sus teléfonos y les llevó a comprar nuevos modelos.

Siempre según los abogados de los demandantes, de haber sabido el motivo por el que sus teléfonos se habían ralentizado, los usuarios podrían haber reemplazado la batería en lugar de comprar un nuevo dispositivo, lo que hubiese tenido un coste económico mucho menor.

Con información de EFE