PROSA APRISA
Arturo Reyes Isidoro
TWITTER: @reyesisidoro
AMLO desmintió lo que Cuitláhuac y Eric negaban El pasado 24 de febrero, el gobernador Cuitláhuac García
Jiménez minimizó las denuncias de los dirigentes del PRD y del PT de que
aspirantes de sus partidos a cargos de elección popular habían sido amenazados
de muerte por lo que habían optado por retirarse de la contienda. Negó que
existieran focos rojos y dijo que no había riesgos. En esa misma fecha, el secretario de Gobierno, Eric
Cisneros, aseguró que no tenía conocimiento de que tal cosa hubiera sucedido y
que estaba garantizada la seguridad para los aspirantes; que había que
preguntarle a quien lo decía. A las denuncias de perredistas y petistas se sumó el
partido Unidad Ciudadana. A inicios de este mes su secretario general Francisco
Hernández Toriz dijo que incluso ya tenían una denuncia presentada ante la
Fiscalía General del Estado por las amenazas que había recibido una aspirante
de su partido a diputada por el distrito de La Antigua. Ese mismo día, pero en Atzalan, el precandidato de Morena a
la alcaldía, José Luis Arcos González, a través de un video denunció no solo
amenazas a él sino también a su familia de la que dijo que había tenido que
sacarla y llevarla a un lugar seguro; que él había sido ya objeto de una
persecución y señaló como autores a un grupo opositor, a un exalcalde dueño de
un hotel y a personas que habían cometido un fraude en la caja El Azotal. “No
me voy a bajar” (de la contienda), advirtió. En el caso del PT, el 23 de febrero su dirigente Vicente
Aguilar denunció en conferencia de prensa que cinco de sus precandidatos habían
recibido amenazas y mencionó los de dos municipios: el de Texistepec y el de
Sayula de Alemán. En “Prosa aprisa” del 12 de febrero comenté que aspirantes
estaban siendo amenazados por hombres armados y cité también la denuncia que
había hecho el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, quien citó
casos de aspirantes de su partido en Ciudad Mendoza y Fortín. Dije entonces que de acuerdo a la información que se me
había proporcionado de algunos casos, hombres armados habían llegado hasta las
casas o los centros de actividades de los aspirantes y apuntándoles los habían
amenazado para que se retiraran (a uno le habrían puesto una pistola en la sien
delante de su familia). En esa misma fecha comenté también que un día antes, en el
municipio de Puente Nacional, habían asesinado de un balazo en la cabeza a
Gilberto Ortiz Parra, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Úrsulo
Galván, un municipio vecino (hasta la fecha, la Fiscalía General del Estado no
ha resuelto el caso). En mi columna del 12 de febrero comenté: Hasta ahora,
ninguna autoridad del Gobierno del Estado ni del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz (OPLEV) ha hecho algún pronunciamiento sobre la
protección que se está dando o se dará a quienes han manifestado su intención
de participar en la contienda en busca de un cargo de elección popular, o a
quienes ya se han inscrito como precandidatos. Había ceguera y sordera No se comentaba nada por la ceguera y la sordera tanto del
gobernador como del secretario de gobierno, quienes ni escuchaban las denuncias
ni veían a los denunciantes. Aplicaban el ni los oigo, ni los veo, de Carlos
Salinas de Gortari. Para ellos, al mejor estilo de Javier Duarte, en Veracruz
no pasaba nada. Ayer un ataque armado contra otro precandidato, Melquiades Vázquez
Lucas, del PRI, que le costó la vida, quien aspiraba de nuevo a la alcaldía de
La Perla, seguramente los sacó del letargo en que han venido viviendo y los
devolvió a la cruda realidad: los aspirantes, de todos los partidos, están ya a
expensas de la delincuencia, que está tomando el control de las candidaturas en
el Estado. Mientras la seguridad de los aspirantes está en riesgo y
acribillaban a uno de ellos, el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez
Maldonado, presumía en sus cuentas de las redes sociales que en cuarenta días
no se habían registrado homicidios dolosos. Por su parte, ante los hechos, la
fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, ha guardado silencio. Ayer todo el gobierno cuitlahuista quedó exhibido cuando el
propio presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un plan de protección
para más de 21 mil aspirantes, para que no los impongan, dijo, grupos de
interés, de la delincuencia organizada y de “cuello blanco”. “Que no los
obliguen a declinar por amenazas, por intereses”. Complementariamente, la Secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó del serio riesgo que existe
para los aspirantes en Veracruz. Dijo que hay regiones del país en donde el
crimen organizado y el “de cuello blanco” buscan tener el control mediante
campañas de miedo. Reveló que de septiembre pasado a la fecha se han
registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales
hubo 64 muertos y que más de la mitad de los hechos de violencia política se
concentran en siete estados, uno de ellos Veracruz. Mencionó que en otros siete, en los que volvió a incluir
Veracruz, la Secretaría a su cargo identificó un alto riesgo de que las y los
candidatos sean cooptados por la delincuencia. Indicó que además de las agresiones y los homicidios, el
crimen organizado suele intimidar, secuestrar, extorsionar e incluso quemar los
domicilios de los aspirantes políticos. También, que “se coluden con actores políticos de los
partidos o gobiernos locales y desde antes del proceso electoral ofrecen
financiamiento o donativos en especie o les otorgan protección y personal”. Ayer tuvo que ser la propia Rosa Icela Rodríguez quien le
solicitó al gobierno de Cuitláhuac que colabore en la protección de aspirantes
a candidatos amenazados, riesgo que él y el secretario de Gobierno no
reconocían. Solo así dijo que se adhería a la estrategia. La oposición, tenía razón. Hasta anoche, el Gobierno del
Estado y la Fiscalía no habían reaccionado ante el crimen del precandidato de
La Perla. Vienen dirigentes nacionales del PAN-PRI-PRD Para inicios de la próxima semana se espera la presencia en
el puerto de Veracruz de los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, del
PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús Zambrano. No se conoce la agenda, pero
se cree que sería para cerrar la negociación de la alianza en Xalapa y tal vez
anunciar la solución para Veracruz. Por lo que hace al tricolor, los diputados Héctor Yunes
Landa y Anilú Ingram Vallines solicitaron licencia pero no está determinado
si serán candidatos a diputados locales o federales y si uninominales o
plurinominales. Lo hicieron para cumplir con el requisito de separación a
tiempo de su cargo. Le pusieron estrellita en la frente a Manuel Huerta A diferencia de la práctica priista de que cuando venía un
secretario de despacho se hacía mucha alharaca, ayer estuvo en Xalapa, sin
hacer ruido, el secretario de Bienestar, Javier May, un conocido del delegado
Manuel Huerta (venía antes como subsecretario de la misma dependencia), a quien
le puso una estrellita en la frente por su trabajo, que calificó de
“excelente”. May evaluó el avance de los programas y se vino a asegurar
(¡cof, cof, cof!) que estén blindados los programas para que no se les dé uso
electoral (¡gulp!, casi me atoro, estaba comiendo un bocadillo mientras
escribía). Pero ¡aguas! mis servidores de la nación, dijo que el uso electoral
es un delito grave, sin derecho a fianza.