Apodadas las “narcoantenas” por la prensa local, el sistema de cártel involucraba antenas de internet colocadas en varios municipios con equipos robados.

El grupo cobraba a unas 5 mil personas precios elevados de entre 400 y 500 pesos (entre 25 y 30 dólares) al mes, informó a The Associated Press la fiscalía del estado de Michoacán. Eso significa que el grupo podía recaudar unos 150 mil dólares al mes.

La gente era obligada “a contratar servicio de internet a costos excesivos, bajo el argumento de que serían privados de la vida en caso de no hacerlo”, dijeron los fiscales, aunque no reportaron ninguna muerte relacionada con ello.

La prensa local identificó al grupo criminal como el cártel de Los Viagras. Los fiscales rechazaron decir cuál era el cártel que estaba involucrado debido a que la investigación estaba en curso, pero confirmaron que Los Viagras controlan los municipios obligados a realizar los pagos por el servicio de internet.

La policía incautó el equipo a finales de la semana pasada y compartió fotografías de las antenas improvisadas y pilas de equipos y routers con las etiquetas de la compañía de mexicana de telecomunicaciones Telmex, propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim. También arrestaron a una persona.

Los cárteles mexicanos llevan mucho tiempo empleando una red clandestina de torres de radio e internet para comunicarse dentro de las organizaciones delictivas y esquivar a las autoridades.

Pero el uso de ese tipo de torres para extorsionar a las comunidades forma parte de una tendencia más amplia en el país, dijo Falko Ernst, analista para México de Crisis Group.

Ernst afirmó que los aproximadamente 200 grupos delictivos armados activos en México ya no se centran sólo en el tráfico de drogas, sino que también “se están convirtiendo en monopolistas de facto de determinados servicios y otros mercados legales”. Dijo que a medida que los cárteles han ido adquiriendo un control más firme de grandes porciones de México, han formado “feudos”.

Ernst dijo que en algunas zonas los cárteles cobran impuestos sobre alimentos básicos y productos importados, y señaló que también se han infiltrado en el lucrativo negocio del aguacate de Michoacán y en los mercados de la cal, así como en las industrias mineras locales.

“Realmente se ha convertido en una especie de juego multinivel para ellos. Y ya no es específico de ningún bien o mercado en particular. Ahora se trata de mantener el territorio mediante la violencia”, afirmó. “Ya no se trata sólo de drogas”.